¿Qué opinan los directivos escolares de la ley de inclusión?

Columna de : Teresa Rojas

Jefa de la Investigación "Diversidad e Inclusión Escolar: ¿Cómo liderar los nuevos desafíos de país?".

La ley de inclusión aprobada el 2015, comenzó su implementación gradual el año 2016. Forma parte del paquete de reformas educacionales del gobierno de Michelle Bachelet y responde a una de las promesas de su campaña orientada a disminuir la segregación y la desigualdad escolar en Chile. Como ya es sabido, posee tres mandatos fundamentales, como son, prohibir el lucro de sostenedores privados con recursos públicos, terminar gradualmente con el copago que realizan las familias avanzando hacia un sistema escolar gratuito, y acabar con la selección escolar, dando inicio a un proceso de admisión aleatoria, entre tres opciones decidas por las familias, que ya ha sido implementado en 4 regiones del país.

La ley ha estado en el centro del debate político en todo este período, pues es la primera regulación en treinta años que altera mecanismos de mercado que han sido defendidos profundamente por algunos actores, especialmente el derecho de las familias a escoger las escuelas de sus hijos, y, al mismo tiempo, el derecho de las escuelas a decidir a qué tipo de población quieren educar. Desde otra vereda, se sostiene que estos “derechos” son, en realidad, dispositivos de segregación que excluyen a la población más vulnerable del país aumentando con ello las brechas de calidad del sistema educacional.

En este contexto de debate político nacional, nos propusimos conocer qué opinan los directivos de las escuelas potencialmente afectas a la ley de inclusión, vale decir, que hasta marzo del 2017 contaban con algún sistema de selección y/o copago. Para ello, aplicamos una encuesta a 201 colegios de la Región Metropolitana y la VI región, consultando, en cada caso, al director o directora del establecimiento, más un directivo que este designara, que mayoritariamente fue el jefe de UTP. La encuesta contó con 27 preguntas que trataban sobre opiniones y nivel de conocimiento frente a la ley; también sobre medidas específicas que se estuvieran llevando a cabo en los establecimientos para adelantar el proceso de aplicación de la ley; y un tercer grupo de preguntas sobre demandas y necesidades puntuales que los directivos apreciaban como importantes para la aplicación de la regulación. La encuesta fue contestada por 407 directivos.

Al respecto, tres resultados que nos parecen interesantes:

  1. Los directivos dicen compartir los principios que orientan la ley y reconocen que su mayor impacto estará en la gratuidad que les otorgará a todas las familias que asisten a las escuelas que reciben financiamiento público. Se reconoce que aumentará la subvención que se entrega por estudiantes, para equilibrar gradualmente el fin del copago. Esta es una medida que tiene alto grado de aceptación entre quienes contestan la encuesta y la asocian a mayor equidad del sistema escolar.
  1. Respecto al fin de la selección y la implementación de un sistema de admisión aleatoria, los directivos consideran que es una medida acertada, pues en su mayoría la asocian con el respeto al principio de la no discriminación de las familias” y también a la transparencia del proceso de admisión ante la comunidad. No obstante, la mayoría de los encuestados dice no tener claro cómo funcionará el sistema de admisión y que aún no saben si los impactará positiva o negativamente.
  1. Respecto del efecto de la ley de inclusión escolar en los resultados en el SIMCE, es muy sorprendente observar que, de un total de 407 participantes, un cuarto de ellos indica que los resultados de su escuela mejorarán, solo un 14% que los resultados empeorarán, mientras que la mayoría considera que se mantendrán igual.

Estos tres resultados requieren ser seguidos y observados a la luz del proceso de implementación del nuevo sistema de admisión, pues la encuesta se realizó antes de que se implementara en la VI región. No obstante, en términos generales, se aprecia que existe un nivel de aceptación tácito con los principios que orientan la ley y que no se denuncian riesgos o debilitamiento de la calidad educativa por su puesta en marcha.

Finalmente cabe destacar que en atención a las demandas que plantean los directivos, la mayoría absoluta declara que es necesario capacitar a los docentes en pedagogías que favorezcan la inclusión en el aula y, también con alta importancia, que se requiere que los organismos del Estado otorguen orientaciones concretas y prácticas para llevar a cabo procesos inclusivos.