Las políticas educativas del gobierno de Bachelet. El balance de los directores.

Columna de : José Weinstein

Director Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo

En esta hora de balances sobre el gobierno de la presidenta Bachelet y su legado, la encuesta “La voz de los directores” -realizada anualmente por CEDLE y cuya última versión acaba de ser difundida públicamente- permite conocer la evaluación de este decisivo actor educativo sobre las principales políticas educativas impulsadas en el período 2014-2017.
Así sabemos que los directivos opinan consistentemente que el desempeño gubernamental fue más orientado hacia la equidad en la educación que hacia la calidad. Se le pone mejor nota al gobierno en lo primero y se aprecia que muchas de sus leyes y esfuerzos se focalizaron en esa dirección. Se echa de menos, en cambio, que hubiese existido un mayor foco en la calidad y en los aprendizajes dentro de la sala de clases.
Es notorio que la apreciación de los directivos sobre el desempeño gubernamental mejora en el tiempo. El año 2014 es, en este sentido, un mal punto de partida, en que se volvió más crítico su juicio sobre el quehacer gubernamental y se disminuyeron las expectativas sobre el futuro educativo de Chile. Pero progresivamente, a medida que las leyes fueron implementándose, la opinión de los directores y directoras fue cambiando y se volvió más favorable. En paralelo, la ministra Delpiano logró una mejor evaluación que el ministro Eyzaguirre (el peor evaluado, junto con Joaquín Lavin, de los últimos ministros de educación).
Sobre la Ley de Inclusión los directivos la juzgaron como orientada por principios de justicia y equidad educativa, aunque se duda de sus efectos en materia de calidad. Se valora el que la ley considere recursos adicionales y que obligue a los sostenedores a destinar todo el financiamiento público al quehacer educativo. Se piensa que los principales obstáculos para implementarla en el propio establecimiento son la falta de preparación para enseñar en la diversidad y para convivir con estudiantes con problemas de disciplina. Son más favorables a esta ley los directivos del sector municipal y más críticos los del particular subvencionado. Con todo, luego del temor inicial, muchos directores van convenciéndose que la ley tendrá un efecto positivo en el establecimiento que dirigen: se pasa de 17% que así lo cree el año 2015 al 43% para el año 2017…
La Ley de Carrera Docente, por su parte, fue bien valorada por la mayoría de los directores. De la nueva carrera docente, se confía en el efecto positivo de las horas no-lectivas y del apoyo mediante mentorías a los docentes de aula. Se piensa que las dificultades mayores para implementarla en el colegio que conducen estarán radicadas en la inédita inducción de docentes noveles. Con todo, se tiene cierto escepticismo sobre dos temas de fondo: si la nueva carrera logrará transformar la formación inicial de los docentes y la labor de las facultades de educación, y si ella logrará cambiar realmente el alicaído prestigio social de la docencia en la sociedad chilena.
La Ley de nueva Educación Pública (o de desmunicipalización), aprobada en el segundo semestre del 2017, no alcanza a “formar opinión” entre los directivos. La gran mayoría de ellos simplemente no la conoce, y no se convierte ni en un activo ni en un pasivo del gobierno saliente.
Al finalizar el período de la presidenta Bachelet, los directores, al igual que en sus inicios, siguen creyendo que las medidas de política que más aportan son las que brindan recursos directos al establecimiento como ocurre con la ley de subvención escolar preferencial (SEP) y el programa de integración escolar (PIE). Igualmente siguen pensando que la prioridad para mejorar la calidad de la educación es incidir en la docencia y los docentes. En este punto sí hay un cambio a considerar: baja la prioridad que se le asignaba antaño al mejoramiento de las condiciones laborales del profesorado, confiándose en el salto adelante que significará la nueva carrera creada por el gobierno bacheletista. De hecho, ahora se anhela una carrera profesional para los propios directores y directoras de establecimientos educacionales, una carrera directiva, una materia pendiente que ahora deberá abordar el gobierno entrante de Sebastián Piñera.